Además de ciudad inteligente, integradora y flexible

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La humanidad camina hacia la era de las ciudades. Según estimación de la ONU, en 2050 el 70% de la población mundial vivirá en un entorno urbano, hoy ya lo hace más del 54%. Una realidad inaplazable que obliga a la transformación de la ciudad para convertirla en hábitat de desarrollo social y económico sostenible, un reto en el que el concepto de la ciudad inteligente o smart city tiene mucho que decir.

En origen, el término surgió en Estados Unidos como respuesta a la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al espacio urbano, con el objetivo de generar mayor bienestar y prosperidad a sus habitantes. Sin embargo, ha sido tan amplia su repercusión en la actual década que ahora representa una idea más global que hoy continúa en definición.

El investigador europeo en desarrollo urbano, Rudolf Giffinger diferencia entre seis áreas de actuación: economía, movilidad, medioambiente, habitantes, forma de vida y administración. Así, hoy por ciudad inteligente se entiende una especie de quimera adaptable a diferentes realidades: “No es igual para un berlinés que para un soriano”, defendió Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente del Gobierno de Castilla y León, en unas declaraciones recientes.

Si bien Suárez-Quiñones considera prioritario el uso de las tecnologías de la comunicación, no son la única vía: “Hay que tener mucho cuidado con la exclusión digital porque aún nos quedan décadas de convivencia entre el nativo y el no nativo digital. Por ello la smart city debe entenderse también como un proceso de formación y regeneración”.

Para el consejero es vital que el concepto no se construya de espaldas al mundo real, por lo que considera que no habrá ciudad inteligente si no es capaz de conectarse con su entorno más inmediato, de generar opciones de relación flexibles y de movilidad eficiente y verde: “Debe ser integradora, adoptando modelos como los transportes públicos bajo demanda”.

 

La ciudad integradora

Una opinión que comparte Jesús Hernández-Galán, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE: “Es la ciudad la que busca el bienestar de todos los habitantes con independencia de sus capacidades funcionales“. Para este experto, la transformación de la ciudad en inteligente debe servir para integrar a ese 15% de la población mundial que convive con alguna discapacidad: “Es vital introducir este concepto en el debate porque los profesionales no están formados en accesibilidad”.

Como ejemplo, Hernández-Galán explica cómo la existencia de bordillos, o la no adaptación del transporte público urbano, convierten en una aventura desplazarse hasta el puesto de trabajo a muchos profesionales en silla de ruedas: “Y no estamos hablando de encarecer este proceso, lo que sale caro son los malos diseños a los que luego hay que buscar nuevas soluciones que terminan por ser malos parches. De ahí que sea tan importante formar en accesibilidad para desde el principio hacer bien las cosas”.

 

Imaginación para una reinvención total

“El diseño hay que hacerlo para todos, no para una mayoría”, insiste Ignacio R. Matías, director del Institute of Smart Cities de la Universidad Pública de Navarra, “pero además debemos decidir cómo caminamos hacia esa nueva ciudad inteligente. Hay experiencias como la de Songdo en Corea del Sur, donde se ha construido desde cero una nueva ciudad totalmente tecnológica junto a Seúl. Una técnica para la que es de gran utilidad el Internet de las cosas, la capacidad de comunicación de máquina a máquina”.

Matías considera muy importante la labor divulgativa que “dé a conocer un nuevo paradigma al ciudadano en el que por ejemplo pronto se verá ciudades sin coches, más verdes y paseables, con los centros de producción de energía integrados en su propio núcleo. Todo esto va a modificar la forma en que trabajamos, nos relacionamos y movemos”.

Un proceso en el que todos los expertos participantes en este evento coincidieron en señalar la importancia de la colaboración entre los centros de formación e investigación, las Administraciones Públicas y la empresa privada.